Los administradores concursales de la empresa Pastguren, ubicada en la localidad vizcaína de Zalla y dedicada a la producción de pasta de papel, han pedido al juez la apertura de un proceso de extinción de los contratos para la totalidad de la plantilla, compuesta por unos 170 empleados. La decisión se ha adoptado después de un año de inactividad de la factoría, tras vencer el periodo del expediente de suspensión de contratos y ante la inexistencia de una alternativa viable que permita continuar con la actividad industrial.
Por su parte, el Gobierno vasco se ha mostrado dispuesto a facilitar un proceso de recolocación de estos trabajadores, mediante el apoyo a nuevos proyectos empresariales que asuman el compromiso de contratar a ex empleados de Pastguren. Fuentes del Ejecutivo de Vitoria han señalado que la Diputación de Vizcaya también está abierta a participar en esta operación, que pasaría por facilitar la instalación de nuevas empresas en los terrenos hoy propiedad de la firma papelera. Gobierno y Diputación, apuntan, tienen ya al menos dos propuestas de empresarios que están dispuestos a asumir este compromiso.
Proceso concursal
El mantenimiento de la actividad de Pastguren se ha revelado imposible o, al menos, no hay empresarios dispuestos a asumir el riesgo que ello conlleva. La compañía, propiedad de la firma Celulosas vascas, presentó hace ahora un año la solicitud de procedimiento concursal al no poder atender al pago de sus proveedores, con un pasivo cercano a los 40 millones de euros. Meses antes, incluso, la Diputación de Vizcaya concedió un aval de 2,5 millones a la empresa, cantidad que el Ejecutivo vizcaíno ya no recuperará.
Todos los estudios de viabilidad realizados desde entonces han puesto de manifiesto que sería necesaria una importante inyección de capital -en el entorno de los 25 millones de euros-, así como un ajuste de plantilla para arrancar de nuevo la producción de pasta de papel e, incluso, con numerosas dudas sobre el futuro. Las instalaciones de Pastguren tan sólo permiten la producción de 70.000 toneladas anuales, mientras que las últimas factorías que se han montado en Europa tienen capacidad para producir siete veces más, con el consiguiente ahorro de costes.
Además, han fallado diversos intentos de buscar un nuevo empresario -el Ejecutivo vasco se había mostrado dispuesto a aportar unos 6 millones de euros como acompañamiento-, de la misma forma que no han fructificado los intentos de cuajar una operación de fusión en el sector papelero vasco, especialmente castigado por la crisis.
